El Aumento De La Pena, No Es La Respuesta A La Criminalidad (Código Del Menor)

Publicado en por robertoadames

 

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Por 

Roberto Adames 

La Cámara de Diputados de la República Dominicana, acaba de aprobar una modificación al Código del Menor, la cual ha gravitado sobre el endurecimiento de las penas al menor infractor; y pese a que tal modificación aun no es ley, hasta no contar con la aprobación por parte del Senado de la República, pienso que si la razón para reformar la normativa es considerar que aumentando la pena se va a resolver el problema de la criminalidad de los menores, la situación es poco menos que calamitosa, porque la delincuencia juvenil es sobre todo un asunto de salud pública, de combate a la pobreza, de educación, de espacio, de políticas de prevención, de capacitación, de igualdad de acceso a las oportunidades, etcétera… y no un simple problema de pena. 

De hecho, desde hace mucho, todo aquel que se ha dedicado al estudio de la sociología jurídica o bien al de la criminología, sabe que el aumento de la pena es un recurso inútil y quizás estéril para prevenir el aumento de los crímenes y delitos en la sociedad. Por eso, es unánime la opinión de la mayoría de los operadores de los distintos sistemas judiciales de América latina en cuanto a admitir y sostener, que el índice de delitos y la sensación de inseguridad no encontrarán su merma en el solo hecho de que se legisle en torno a la imposición de penas más severas a los delincuentes. 

En este tenor, se ha pronunciado el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, al afirmar que en ninguna parte del mundo el aumento o endurecimiento  de las penas ha contribuido a disminuir la criminalidad, la violencia y  la delincuencia. Y dentro del mismo marco de reflexión, se han manifestado, aunque sustentado en criterios disimiles parcialmente,  Binder y Zafaroni, los que han llegado a decir que en muchos de nuestros países,  las medidas político criminales, dentro de las que se encuentra el  aumento de las penas, responden más a un criterio de “populismo penal” que a un criterio científico; y es que estos autores consideran, que de lo que se trata con tales medidas, es más bien de hacer falsas promesas, pretendiendo resultados que utilizan medios erróneos, como mecanismos politiqueros, que propendan a sustituir la impotencia del Estado frente a circunstancias que dependen o son provocadas por fenómenos un tanto más complejos que el simple aumento de la pena y que son provocados por ese mismo estado incapaz de solucionarlos. 

O sea, que la idea de aumentar las penas con miras a prevenir o disminuir la criminalidad, no es más que el resultado de dar respuesta a la demanda creciente que hace la sociedad a las autoridades ante el desborde de la criminalidad; frente a lo cual, nuestras incompetentes autoridades, incapaces de dar respuestas sociales efectivas y acorde a un estado social y democrático de derecho, o de establecer una verdadera política criminal de estado, en las que se contemplen planes de prevención efectiva, pretenden satisfacer al pueblo, vendiéndole la falsa idea de que al aumentar las penas se puede prevenir la criminalidad, y con ello se desconoce el hecho científico de que la prevención del delito y la criminalidad obedecen a múltiples factores de mayor relevancia, que tienen que ver con asuntos que van desde el orden económico, social y educativo, hasta la efectividad de los que están encargados de velar por la administración de justicia, y la operativización del sistema de justicia penal como entidad programática. 

Como prueba, tenemos la ley 24-97, la que introdujo modificaciones al código penal, cuyo centro gravitacional fue el aumento de las penas con miras a disminuir la violencia contra la mujer e intrafamiliar; sin embargo, al cabo de todo el tiempo transcurrido, la única realidad es que con dicho texto no se ha resuelto nada; de suerte que como experiencia deberíamos adivinar que lo mismo puede suceder con el Código del Menor y estas nuevas modificaciones, a las que le será común el mismo saldo vivencial de esta y otras experiencias, y que no los enrostra la cruda realidad: nadie quiere admitir que el Estado fracasó no solo con la implementación del Código del Menor, sino con su obligación tutelar y garantista.

Como producto de ese fracaso estatal, tenemos el aumento de la pena inserto en la citada ley 24-97, en cuyo “ensayo” y a contra golpe de lo que se pensó o se quiso al momento de aumentar la pena a la violencia intrafamiliar, y confiando erróneamente en que con ello se iba a reducir el índice de muerte y maltrato contra la mujer, podemos apreciar hoy, que muy lejos de los resultados augurados por las autoridades, posterior a su promulgación, el índice de mujeres caídas a manos de sus esposos ha sido mayor al de antes de producirse la creación de la ley 24-97 y la modificación del art. 309 del código penal dominicano, pues los factores que inciden sobre este fenómeno criminal, siguen intactos. 

De igual forma, desde la promulgación del Código del Menor, a nadie pareció importarle que esa normativa establecía la instauración de todo un sistema, dentro del cual se contemplaba como una pieza o etapa de singular relevancia la prevención, o las medidas que se contemplan para atacar las causas de la criminalidad juvenil, medidas y etapas que nunca se cumplieron, de manera que sin la implementación total de le ley, se carecen de parámetros revestidos de cientificidad, para establecer mediante un estudio serio, cuales normas de las contenidas en la ley, resultan inidóneas o urgentemente reformables o cuales medidas hay que reforzar; pues el Estado se dedicó única y exclusivamente a implementar del referido texto legal, solo la parte coercitiva, en tanto se ejecutó de manera aleatoria solo la parte que tenía que ver con la persecución, y la sanción,  obviando la parte más neurálgica y la que le imprime razón de ser a la normativa, o bien, perdiendo de vista que la implementación, para poder ser medida por sus resultados debió haber sido integral y sistemática.

Asimismo, se sabe con carácter casi axiomático, que los que delinquen, y en este caso los menores infractores, no se regeneran porque se pasen más o menos tiempo en lugares de corrección, impedidos de su libertad, sino que, los criminales, los infractores, los imputados o quienes resulten condenados se regeneran en la medida en que las políticas públicas que los Estados diseñen para tales situaciones sean efectivas y sustentables en el tiempo por el cual se decrete el internamiento, y ese tiempo no depende de su duración, sino de le efectividad de la regeneración. 

Así por ejemplo, en lugares como los Estados Unidos de Norte América, se ha podido comprobar, de manera meridianamente comprobable, que los Estados donde existe la pena de muerte o la cadena perpetua como condena son los más violentos, con lo que se demuestra, que la drasticidad de la pena no resuelve el problema, sino que la delincuencia se resuelve atacando los factores que la causan.

Esta errónea creencia en la eficacia del rigor penal, muy por el contrario a lo que han llegado a pensar los populistas del derecho penal,  produce otros efectos humanos y sociales negativos, los que la mayoría de los entendidos en la materia han resumido o destacado los siguientes: 

Al extenderse la prisión, sin parámetros que expliquen su necesidad político criminal, produce sufrimientos inútiles, los que al ser distribuidos inequitativamente en la población, tienden a caer en forma abrumadoramente mayoritaria, sobre los sectores más desprotegidos, que son los que resultan más vulnerables en su intervención con el sistema penal;

Se crea la ilusión -a la manera de un falso tranquilizante- de que la mayor represividad es un instrumento idóneo para controlar la criminalidad, y esta falsa creencia, obstaculiza o dificulta la adopción de otras medidas que sí podrían contribuir o tender sino a solucionar el problema si a disminuirlo; y

El rigor excesivo y prolongado del sistema penal tiene un carácter criminógeno, por lo que suele contribuir a la generación, profesionalización y  reproducción de la criminalidad. 

En definitiva nuestras autoridades deben deshacerse de la idea que tiende hacia el populismo penal recurriendo al aumento de la pena, ya que esta alternativa produce y siempre ha producido más efectos negativos que los que corrige, un efectivo sistema penitenciario no depende de las penas, y una verdadera sociedad no se inscribe en el desarrollo por el numero de cárceles que tenga, sino por el número de escuelas, hospitales, universidades, centro culturales que sean una alternativa viable para el crecimiento humano.

 

 

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