El Poder Judicial y la prensa: la independencia de los jueces como un derecho humano

Publicado en por robertoadames

 

Martillo de la Justicia

Escrito Por

Roberto Adames

 

En un sistema republicano de gobierno similar al nuestro, la independencia del Poder Judicial es uno de los principios básicos sobre los cuales descansa la división de poderes como garantía del sistema democrático. A su vez, la separación de poderes constituye, el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo, que instauró el poder legislativo popular, como límite y contrapeso al poder omnímodo del ejecutivo, el que en aquel entonces, en buena medida, era dominado por el rey: junto a esos poderes, se encontraba, tal y cual sucede hoy, la lucha por la independencia de la función judicial. A cuyos resultados históricos e ideológicos el principio de la separación de poderes nació de la necesidad de evitar la concentración del poder en manos, sobre todo, del titular del ejecutivo, a fin de lograr el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos que, representados democráticamente, constituían desde entonces y hasta hoy el poder legislativo. Así surgió la idea del control y la limitación del poder estatal: los tres poderes, se limitan recíprocamente, nunca entorpeciéndose innecesariamente, para que la separación funcionara como una garantía frente al absolutismo y a la dictadura. 

La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todas las matizaciones y correcciones surgidas en el tránsito de modernización de la sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea central, el requisito indispensable para la existencia misma de todo Estado de Derecho. Es pues, un sistema de “pesos y contrapesos”. A su lado, hoy en día, existe un contralor independiente, que en virtud de la libertad de expresión, se ha constituido en este juego de contrapesos, en lo que muchos llaman el cuarto poder del estado que es la prensa. 

No obstante, desde aquella época, y aunque resulte obvio decirlo, nunca será un pecado repetir que el ideal de justicia como expresión funcional de uno de los poderes del estado, se constituye a su vez en un derecho humano. Razón por la cual, sería impensable la existencia de un estado de derecho sin un Poder Judicial idóneo, imparcial e independiente que vele por el cumplimiento y la efectiva vigencia de los derechos humanos. Por vía de consecuencia, ese Poder, como parte configuradora del Estado, puede llegar a ser responsable por las violaciones a esos derechos, en tanto y en cuanto sea evidente su compromiso con algún interés ajeno a la supremacía de la constitución, y pueda así comprometer su independencia. 

Como soporte que dote de contenido material a esa independencia, es que los jueces son los únicos funcionarios del Estado, que real y efectivamente “gozan” de la estabilidad como servidores públicos: cuya estabilidad se extiende en el tiempo, mientras dure su buena conducta y el estricto apego al código de conducta o deontológico que los rige, amén de cumplir con otras exigencias legales e inherentes a las leyes que le dan fisonomía a la magistratura. 

Asimismo, la independencia del poder judicial frente a las presiones tanto del legislativo como, sobre todo, del ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho. Por lo que se requiere que la administración de justicia se realice a través de un sistema procesal regular, ordenado y coherente, mediante un sistema que garantice adecuadamente la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Este punto es, en efecto, central para comprobar si existe o no un auténtico Estado de Derecho; de esta m manera, cuando faltan garantías procesales, cuando los detenidos y procesados no son respetados, cuando hay amplias zonas de la actividad pública a las que injustificadamente no llegan los recursos jurídicos, cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los Tribunales, cuando las jurisdicciones especiales actúan con demasiada frecuencia en sustitución de la jurisdicción ordinaria, cuando la prensa sustituye los el “juicio” de juzgamiento de los tribunales, etc., puede decirse que no existe en modo alguno Estado de Derecho.  

Es por expresión de esta independencia, que los jueces no acceden a sus cargos por elección popular, sin embargo, eso no implica que deban ser ajenos al reproche social, o al poder contralor ejercido por los ciudadanos por vía de su libertad de expresión, y que va más allá del espacio alarmante que en los últimos tiempos ocupa la justicia en los medios de prensa. Por eso, la inmunidad de los magistrados es un atributo que el Estado de derecho democrático les asigna, junto con la inamovilidad para asegurar su independencia. Sin que ello implique, que los verdaderos órganos encargados de evaluar la conducta de los jueces fallen, como ha venido siendo una constante en nuestro país, pues ello traduciría la inmunidad en impunidad. 

Desde esta perspectiva, considero que al fallar los sistemas internos de contraloría estatal, que impidan que la inmunidad se convierta en impunidad, ha de surgir el corolario de la libertad de expresión, que es la prensa, como un cuarto ingrediente de contrapeso que tienda a restablecer el equilibrio de los poderes del estado, estableciendo si la impunidad es la expresión de una política mal concebida por parte de los demás órganos del estado, o si es el resultado de la manifestación de una excepción a la norma ética que debe regir a los miembros del poder judicial; si es lo contrario, deberemos ser cuidadosos al “enjuiciar” a nuestros jueces; pues no podemos deslegitimar las instituciones del estado, y mucho menos, podemos descalificar personalmente a los que en principio actúan con probidad, con honestidad y con justicia por culpa de unos cuantos: Hay que abstenerse de juzgar las decisiones jurisdiccionales fuera los ámbitos y la dimensiones establecidos en la ley, o sea, fuera de la vía recursiva, ordinaria o extraordinaria; de manera que en tanto no medie prueba cierta en contra de la probidad de un magistrado, a los demás ciudadanos o poderes, de hecho o de derecho, solo les resta acatar sus decisiones jurisdiccionales emanadas de los tribunales.

Por eso, considero que es harto peligroso, erigir la opinión personal o pública en un paredón en el que se juzguen asuntos técnico-jurídicos que generalmente resultan desconocidos por los críticos, o bien resultan ser ignorados por intereses opuestos a los perseguidos por el poder judicial como órgano funcional del estado. El respeto a la independencia de los jueces, como criterio y como principio, debe primar no solo como exigencia a la ciudadanía de a pie, sino además en lo referente a la deslegitimación mediática y politiquera, surgida por informaciones, comentarios y opiniones que resultan no ser expresión de la equidad y la justicia, sino de presiones interesadas, las que generalmente son prohijadas por el juego político o el interés mercurial; razón por la cual, en mi opinión, urge que se exija un máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales nacionales, impidiendo que el ejercicio de la libertad de expresión se trueque en violación a la independencia judicial, fundamento y razón de ser no solo del poder judicial, sino del derecho humano que resulta por consecuencia de esta independencia. 

La independencia de los jueces es entonces una garantía para el magistrado y por suerte de una ficción iusfilosófica, esta garantía se desdobla a su vez en un derecho para los justiciables. Los ataques más conocidos a esa independencia, como hemos señalado, son los que provienen del poder político y de la prensa; pero, no son ni los únicos ni los más graves. A estos atentados a la independencia, se suman las presiones corporativas que surgen del propio cuerpo de la justicia – esto es en el seno mismo de la "familia judicial" –  y estas suelen ser más sutiles y al mismo tiempo más irresistibles y en grado superlativo más peligrosas, y mientras ello suceda, no tenemos ni un poder judicial independiente, ni mucho menos un verdadero estado de derecho que asegure el libre acceso a una justicia verdaderamente imparcial como derecho fundamental de todo ciudadano.

 

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