Pepe Goico: La conspiración no está en el acusado, sino en la acusación

Publicado en por robertoadames

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Escrito por

Roberto Adames

 

Me he motivado a hacer las presentes reflexiones a causa de las presuntas acusaciones que el gobierno del PLD pretende imputarle a Pepe Goico, movido por mis condiciones racionales, en un primer momento ausculté en mi acervo en búsqueda de una explicación racional por parte del Estado Dominicano en tales acciones, y lo que en mi resultó no más que el sombro que generan y provocan en los humanos aquellos actos que por ser productos del subconsciente se denominan instintivos, balbuceos del subconsciente y en el argot dominicano disparate fue una suerte de indignación y pestilencia. 

Asumí que estas acusaciones eran producto del instinto, como lo son todas las reacciones provocadas por el miedo y como tal las que están faltas de referentes que hagan posible internalizarlas como el producto de algo racionalmente explicable. En acusaciones como la que ligeramente le fuera hecha a Pepe Goico por el Gobierno del PLD, olerse e inferirse el motivo: el miedo lo provocan un sin número de variables multicasuísticas: por un lado las fundadas acusaciones en contra de Félix Bautista, por el otro el pavor que sienten de perder de manera deshonrosa, total y absoluta las próximas elecciones y con ello el sustento de los lujos y dispendios de que disfrutan, gracias al saqueo de las arcas públicas  la mayoría de los “tutumpotes” de este desgobierno peledeista. 

Acusar a Pepe Goico de "orquestar un plan conspirativo para desestabilizar al gobierno de Haití" no solo me parece irrisorio, sino además una atrevida y descabellada ocurrencia de aquellos que han convertido la ira de su derrota en desesperación; y en el menor de los casos, es la metáfora de la impotencia o la tristemente célebre “cortina de humo” con la cual se intenta desorientar la atención pública, que ha puesto sus ojos e impela a la justicia para que haga lo propio, y dirija su mirada hacia los verdaderos delincuentes y corruptos, que han hecho del clientelismo, la mentira y el peculado una profesión. 

Podríamos pensar también que con la falsa acusación, se pretenden revirar las acusaciones vertidas en contra de Félix Bautista, no solo las hecha por la indignación de la mayoría de hombres y mujeres probos y honestos de este país, sino además las que develara en su programa  Nuria Piera acerca de los escándalosos contratos de este y su no menos escandalosa fortuna; o las denuncias y acusaciones que se ha ganado el Senador Bautista y su entorno a causa der su proceder de rapiñero y la rampante corrupción que según los medios de comunicación masiva y redes sociales son propias de él, de este gobierno y de todos sus más conspicuos y encumbrados allegados; de suerte que han sido reiteradas con el carácter de seriedad de un acto procesal convertido en denuncia formal, seria y fuertemente sustentada que han emanado tanto del PRD, como de un grupo de abogados e intelectuales nucleados en torno al criterio y la razón jurídica de Esquea Guerrero, Julio Curi, Guido Gómez y una lista interminable de respetables comunicadores y periodistas nacionales e internacionales. 

De manera que, las acusaciones contra Pepe Goico, para mí no dejan de ser otra cosa que un acto más, en este abominable teatro de corruptela en que han convertido los peledeista nuestro país. Pero como a ellos les gusta “conceptualizar”, argumentaré las razones de mi asombro, desde el fondo no de mis prejuicios, sino de mis principios y a la luz de mi formación jurídica; quizás en términos parecidos a los que utilizara el colega Haitiano Fritzo Cantón, cuando dijo, según el Listín Diario,  esa acusación “se trata de una manera de desviar la atención del pueblo dominicano y el haitiano del caso de corrupción revelado por la periodista dominicana Nuria Piera, quien asegura que Martelly recibió del senador oficialista Félix Bautista 2,5 millones de dólares antes y después de su elección como presidente” y se atreve a afirmar el colega Fritzo, que “las autoridades judiciales ordenaron la detención de Kanzki para invertir la tendencia electoral en la República Dominicana, donde el PLD tendría dificultades de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo”. 

Pero a todo esto, lo que más me ha indignado es que nuestras autoridades hayan pisoteado toda norma y todo principio, sea este jurídico o constitucional, desdibujando el lugar exacto en donde se sitúa la verdadera conspiración y su verdadero objetivo; para lo cual, han tratado de confundir los fines políticos con el derecho; pues en todo estado de derecho, es fundamental que para que se pueda iniciar la persecución en contra de un ciudadano, sea indispensable que este haya cometido, como condición previa sine qua non, un ilícito penal, esto es que haya exteriorizado una conducta que de manera expresa estuviera prohibida por la ley, y que esa prohibición haya sido establecida bajo la amenaza de que su inobservancia conllevaría relevancia jurídico penal susceptible de hacer sufrir a su perpetrador consecuencias nefastas; esto es, que esa conducta debe haber sido considera como un delito. 

De tal suerte, que con la finalidad de evitar arbitrariedades como la que se pretende hacer en contra de Pepe Goico, y en su caso en contra de cualquier ciudadano que no profese la religión estatal, es que los tipos penales han sido fijados conforme a una epistemología que permita a su vez la existencia de la seguridad jurídica, estableciéndose asi, de manera meridiana cuales conductas tendrán consecuencias jurídicas por constituir tipos penales o delitos, siendo entonces esa seguridad el fundamento mismo del derecho y de la institucionalidad. 

En tal sentido, hemos de entender por delito, no lo que en un rapto lúdico o de desesperación quiera entender gobierno alguno, sino lo que en base a conceptos y tipos prefijados, ha determinado no solo la doctrina, sino además la legislación penal, todo en previsión del principio constitucional de la legalidad de los delitos; conforme a lo cual, el delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción, u omisión típica (tipificada por la ley) antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible; por cuya consecuencia, su configuración supone una conducta que en su configuración desdice el Derecho Penal: una acción u omisión tipificada y penada por la ley. Lo que ni por asomo significa una acción u omisión pueda ser el resultado de la tipicidad nacida por la inconformidad del que detenta el poder con el escrutinio público al que es sometido por los ciudadanos. 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley, y quien se ha apartado del camino de la ley, ha sido el estado, al haber violentado en la persona del Pepe Goico, el artículo 44 de la Constitución, independientemente de otras normas. De tal manera, que sin importar las escuelas o diferencias conceptuales, y el que alguna vez, especialmente en la tradición, se intentara establecer el delito a través del concepto del Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamientos que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar el concepto de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal, lo que al mismo tiempo impide la arbitrariedad estatal. 

Tanto en su faz ideal como en su faz material, el delito ha sido distinto en todos los momentos históricos conocidos y en todos los sistemas políticos actuales. Pero en nuestro caso, jamás ha sido un delito, y Dios nos libre de que algún día así sea, la libertad de expresión utilizada como derecho para denunciar los actos de corrupción; ni un delito ni un atentado, en tanto y en cuanto, la libertad de expresión al ser un Derecho Fundamental con rango Constitucional, jamás su ejercicio podrá ni puede ser objeto de un perjuicio para el que solo denuncia, menos para el que se hace eco de una denuncia que ha sido producida por otro y fundada, que es simplemente lo que ha hecho Pepe Goico, lo que no puede ser considerado un delito ni por el derecho penal especial ni mucho menos por el derecho penal internacional. 

Sin embargo, donde si existe una conducta y un supuesto de hecho cuyas previsiones jurídicas riñen con el derecho penal, es en la odiosa práctica exhibida por el Gobierno, al intervenir llamadas telefónicas privadas y violentar los derechos de Pepe Goico, ya que  es un corolario axiomático el que de una ilegalidad no puede surgir nada que sea legal ni mucho menos legitimo; es por eso, que el artículo 337 del Código Penal señala como "reos del delito de atentado contra la intimidad de la vida privada, todas las personas que capten, graben o transmitan sin orden judicial de interceptación, las conversaciones sostenidas de manera privada o confidencial". en este sentido, fue comprometido el fundamental y sagrado derecho a la intimidad que consagra el artículo 44 de la Constitución, de la República y que es consustancial a todo ser humano; o sea que este es un derecho enarbolado, no solo en beneficio de Pepe Goico, sino de todos los ciudadanos; de igual modo condena esta intromisión en la intimidad del ser humano el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948, y el 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos del 1969, tratados que conforme a nuestra legislación son parte de nuestro fuero nacional y tienen jerarquía constitucional conforme lo establece y dispone el artículo 74 de la Carta Magna. 

Por otra parte, en el artículo 5 de la Ley No. 153-98, sobre Telecomunicaciones, y en el 192 del Código Procesal Penal, se dota de contenido formal la garantía que le da existencia al contenido material del derecho a la intimidad y al secreto de la correspondencia, textos en donde se regula el secreto e inviolabilidad de las conversaciones telefónicas y sus las condiciones de sus límites y limitaciones. 

Para tener una idea de las magnitudes de la violación al derecho a la intimidad, basta recordar el escándalo del Watergate, un escándalo político en los Estados Unidos que ocurrió en 1972 durante el mandato de Richard Nixon, por violar la intimidad de sus contrincantes políticos, y que culminó con la imputación de algunos consejeros muy cercanos al presidente, y con su propia dimisión el 8 de agosto de 1974. Yo, que aunque tengo la certeza de que a los que desde el gobierno ha socavado las simientes de nuestra constitución y nuestras normas procesales, no les pasará nada, seguiré actuando como si algo fuera a suceder y espero el sometimiento de estos “espías” de poca monta, que al actuar así, lo han hecho además en contra de la institucionalidad democrática de la nación, al intervenir comunicaciones privadas sin órdenes jurisdiccionales, y como si fuera poco publicarlas y acompañar esas  publicaciones con fotos que son patrimonio particular y emocional de la intimidad familiar de Pepe Goico, todo lo cual lo han hecho sin el consentimiento de los que aparecen o intervienen en las mismas. 

No menos grave es el hecho, de que además de la violaciones cometidas en su contra, valiéndose de los actos delictuales y vandálicos descritos, se le pretende imputar a la victima la comisión de un delito inexistente, o pretender que es un delito el uso constitucional del derecho a la libertad de expresión. De manera que,  los funcionarios que divulgaron la conversación telefónica que sostuvo Pepe Goico con Pierre Kanzki, lejos de actuar como tal, a la luz del derecho constitucional dominicano se constituyeron en simples turbas que actuaron en detrimento del orden constitucional establecido y han viciado toda pretensión conforme a la teoría del árbol envenenado. Y para ello, las “autoridades”, no han dado una explicación plausible, que justifique el uso no solo de las grabaciones ilegales e ilegitimas, sino además las imágenes que han difundido, todo al tenor de lo estipulado en el artículo 44 de la Constitución Dominicana, el cual me permito citar in extenso por la importancia que reviste para que se empiece a defender la institucionalidad democrática en el país: 

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: 

1) El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito; 

2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos; 

3) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley; 

4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley.

Asimismo, conviene advertirle a quienes han iniciado este rosario de vulneraciones democráticas, constitucionales y penales, que tanto ellos como los que en lo adelante conviertan estas acciones en un delito continuo, pueden ser pasibles por su conducta, de que se inicie en su contra una acción en responsabilidad civil, de sustentos constitucionales, la cual a partir de los derechos conculcados viene a ser una acreencia legal en beneficio del verdadero agraviado que es Pepe Goico y el Pueblo Dominicano, todo según lo expresa la propia carta Magna al disponer que: 

Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.

De manera que, tanto en la presunta acusación, como en las “reglas” que han utilizado los peledeistas enquistados en el gobierno, no existe ni fundamento político ni fundamento jurídico, que le de sustento viable a sus actuaciones; por lo que no se debe olvidar que, hace cerca de medio siglo, Monseñor Blanchet, rector del Instituto Católico de París, pronunció estas palabras: 

"Cuando una regla impuesta no es sino la expresión de un interés particular, interés de hombre, interés de clase, interés de partido, no es más que una forma inhumana de la opresión. Entonces es la fuerza la que obra con apariencias de legalidad, y el hombre no tiene por qué inclinarse ante la fuerza, sea cual sea, y cualquiera que pueda ser el rostro que muestre." 

Y nosotros agregamos, que luego del uso de la fuerza, viene la resistencia que legitima todos los medios, PORQUE LA CONSPIRACION NO ESTA EN EL ACUSADO SINO EN LA ACUSACION....

Digo presuntas, porque esas maniobras se asemejan más a un circo que a un acto de gobierno que pretenda a su vez ser un acto procesal propiamente dicho, susceptible de producir efecto jurídico alguno.

De ello abundan, noticias y denuncias hechas desde el medio digital Acento.com, hasta el Periódico Francés Le Monde

La tipicidad crea el objeto de enjuiciamiento y con ello la base de la responsabilidad

 

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