DERECHO PROCESAL PENAL: El código, la ineptitud policial y la criminalidad

La policía como causal del aumento de la criminalidad y el descrédito del Código Procesal Penal como justificación de la ineptitud

Por

Roberto José Adames

En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente en República Dominicana, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social, no como malintencionadamente se ha querido decir, que esos aumentos alarmantes se deben al Código Procesal Penal Dominicano.

Siempre hemos considerado, que la delincuencia es un fenómeno que hay que visualizarlo desde un estudio multidisciplinario porque de igual forma, los factores que influyen en su aumento o disminución se deben a causales multifactoriales.

Uno de eso factores, es el comportamiento adoptado por los actores del sistema llamados a prevenir o reprimir la delincuencia, cuya actitud al encarar la misma puede ser un depresor o un detonante de la criminalidad. Por eso, ha dicho Amnistia Internacional, en su informe correspondiente al 25 de octubre del año 2011, que la conducta ilegítima y poco profesional de muchos agentes de la policía contribuye a aumentar la delincuencia y la violencia en República Dominicana.

Han señalado, que “la corrupción generalizada de la policía, las actuaciones policiales agresivas y la participación de agentes del orden público en actividades delictivas socavan la capacidad del Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública”.  Y es que, cuando hay corrupción en la policía, se dejan sin detención o investigación a muchos delincuentes por el negocio que la inactividad representa, por lo que he llegado a pensar que la policía dominicana funciona como una empresa privada, fundada con capital público, y subsidiada por el estado. Sin que valgan excusas, ni siquiera la de los bajos sueldos: si a usted no le conviene un trabajo porque no le pagan bien déjelo, y el que diga lo contrario que le permita en sus empresas privadas a todo empleado insatisfecho con el sueldo a que el robe.

Las conclusiones de Amnistía Internacional, están fundadas, además de su estudio, en la respuesta dada por la mayoría de las personas encuestadas en grupos de discusión de jóvenes, llevadas a cabo en estudios realizados por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De suerte que, con el peso moral de estas instituciones, podríamos convenir en que la delincuencia no es el producto del proceso, porque en virtud del Código Procesal Penal, el Ministerio Público es responsable de dirigir las investigaciones criminales, mientras que la policía tiene una función secundaria. Sin embargo, ésta todavía no es la práctica habitual, pues en muchos casos es la policía la que lidera las investigaciones, y el fiscal se limita a dar el visto bueno a los resultados y eso, no lo manda el código, es una práctica corrupta, ineficaz, ignorante o medalaganaria hecha al margen de la ley procesal, por cuya causa, sería un sofisma culpar al código de no ejecutar el código. Por eso, la falta de aplicación plena del Código Procesal Penal resulta especialmente problemática en casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía, ya que en la práctica significa que la policía, por no ser el fiscal el jefe de la investigación, se está investigando a sí misma.

El derecho internacional establece que, para que las investigaciones de las irregularidades o actos delincuenciales cometidos por la policia sean independientes, “los investigadores no pueden depender exclusiva o excesivamente de información facilitada por las personas implicadas en los abusos”. Sin embargo, según abogados y organizaciones de derechos humanos, en casos de homicidios cometidos por la policía donde no hay testigos ni denuncia formal de la familia, muchos fiscales se limitan a dar el visto bueno a los informes de las investigaciones policiales que afirman que la muerte fue debida a un “intercambio de disparos”.

Se recoge como ejemplo, en el referido informe de Amnistía, que en el caso de Jesús de la Rosa Santana, que fue muerto por la policía el 28 de junio de 2010, el procurador fiscal de de San Juan de la Maguana concluyó que no había suficientes motivos para presentar cargos contra ninguno de los 11 agentes sometidos a investigación. En el informe de la investigación, el procurador fiscal motivó su decisión con el argumento de que Jesús de la Rosa Santana “era una persona peligrosa, con grandes antecedentes de participación en hechos de carácter penal” y, por tanto, “la policía nacional no podía ni debía descuidarse del mismo, ya que tanto él como su hermano poseían armas de diferentes tipos y siempre andaban armados”. Parecería entonces, que la decisión del procurador fiscal sugiere que por los antecedentes penales de la víctima se podía justificar el homicidio, por cuya causa no era necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva.

A resultas del descrédito del Código Procesal Penal, se tiene un enfoque policial de mano dura, que permite que la policía cometa, y la sociedad tolere, los homicidios ilegítimos, la tortura y otros malos tratos en nombre de una mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia, y esto  no provoca sino el embrutecer más a la sociedad. Transmite el mensaje de que es legítimo tomarse la justicia por su mano, lo que aumenta todavía más la brecha entre la policía y amplios sectores de la población, y profundiza la desconfianza en la institución y esto a su vez ocasiona el fenómeno de que mucha gente tienda a evitar recurrir a la policía para resolver sus disputas y como un circulo vicioso recurra a repetir la misma acción de tomarse la justicia por sus propias manos, en un alud circular e interminable de violencia.

En 2005, poco después de la elección del presidente Leonel Fernández, un estudio sobre los factores que contribuían a la proliferación de la delincuencia reveló que la ineficacia de la policía y la desconfianza de la población en la fuerza policial eran elementos importantes en el aumento vertiginoso de los índices de criminalidad. Tras este estudio se lanzó el Plan de Seguridad Democrática con el objetivo de abordar las causas de la violencia y la delincuencia de forma integral, y de mejorar las relaciones entre la policía y las comunidades marginadas.

Ese  Plan englobaba el Programa de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, cuyo propósito general era que la Policía Nacional incorporase técnicas modernas “para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos en un régimen democrático”.

Oficiales de policía y representantes del Ministerio de Interior y Policía contaron a Amnistía Internacional, según consta en el informe,  que la Policía Nacional está sometida a un proceso de reforma continua que empieza a dar resultados tangibles. “Se citaron en concreto los siguientes avances logrados hasta la fecha: aumento considerable en el número de agentes asignados a labores policiales preventivas, principalmente mediante la creación de la policía auxiliar; mejoras en el equipamiento policial; mejoras en la formación; elaboración de un manual de derechos humanos para agentes de policía; destitución de unos 12.000 agentes por corrupción o conducta indebida, y aplicación de un proyecto piloto de actuación policial con base en la comunidad”. Sin embargo, aun hoy día, existe muy poca información disponible sobre qué efectos han surtido estas reformas en el cambio de la conducta, las prácticas y los métodos policiales, a no ser el despilfarro de recursos, el vedetismo mediático de uno que otro funcionario y el balbuceo politiquero: en fin, ningún resultado científicamente avalado.

Y yo me pregunto: ¿es causado o motivado este proceder policial, político e institucional por el Código Procesal Penal?